Dácil García, la médico que encadenó 22 contratos durante doce años



Desde hace ya más de dos años, Dácil García se enfunda su EPI para trabajar como médico Covid y otras enfermedades infecciosas en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Ha encadenado 22 contratos temporales en 12 años. Lamenta que los mismos políticos que aplaudían y se llenan la boca de felicitaciones a los sanitarios españoles no hagan nada para acabar con la precariedad de la sanidad. «Esto la sociedad no lo sabe, pero los políticos sí», y no es algo nuevo, «llevamos años luchando».

Los sanitarios, asegura «somos gente callada, centrados en sacar el trabajo» pero ha llegado una situación que «hemos dicho ya basta». Su historia no es única, como ella hay 1.500 compañeros en Canarias, el 75% del total y un 80% de ellos en abuso de temporalidad.

Hace seis meses y tras más de dos años de lucha con sus compañeros, ha logrado que la hagan interina, pero la incertidumbre no se acaba aún. Celebra la ley de limitación de la temporalidad de los sanitarios pero advierte «debe hacerse bien» porque no hay certezas. «Si no hacen una buena baremación, no tenemos garantía«, explica, »nuestra plaza sale a concurso y otra persona puede ponerse por encima de los que llevamos más de una década formando equipo«, lamenta.

Ella es una apasionada de su trabajo, «no encontrarás a nadie que tenga más entusiasmo que yo por lo que hago», confiesa, y menos mal que es así, porque «si llego a saber que esto iba a ser así me hubiera dedicado a otra cosa«.

Al encadenar contratos temporales «no podemos ni pedir una hipoteca, ni una financiación, no entienden nuestro sistema de contratación». Durante la pandemia, «nos arriesgamos, lo dimos todo por pelear contra el Covid-19 y salvar vidas, tratando de tener la tranquilidad para no contagiar a los tuyos en casa«, y a pesar de eso la precariedad no se ha acabado.

Su historia es la de muchos médicos canarios. «Me contrataron por un mes, luego otro mes, luego otro mes, tres, luego seis…» Como muchas de sus compañeras, tuvo que hacer cálculos para poder ser madre, con la amenaza de perder su trabajo por ello. «Me dijeron que no tenía derecho a lactancia materna porque no estaba contratada, y que ya me llamarían«, recuerda. Con su segundo hijo tuvo miedo a quedarse nuevamente sin trabajo, »me quede callada, sabía que si lo decía podía a ser un problema«, y por eso tuvo que trabajar con infecciosos hasta las 39 semanas de embarazo.

Quedarse embarazada siendo uno de los miles de sanitarios en situación de temporalidad es además un problema económico. Durante la baja maternal se pierde el prorrateo de guardias y por tanto, ser madre te cuesta «un tercio del sueldo«. Esta es una situación que viven los sanitarios canarios, obligados a denunciar un derecho que sí se ha conseguido en otras comunidades »gastándonos el dinero para pedir lo que nos corresponde«.

«Sánchez se cuelga la medalla, pero ni siquiera es de él»

El Servicio Canario de Salud «ha incumplido la ley de manera reiterada», denuncia Dácil.

Cuando Pedro Sánchez «dice que va a dar fijeza a 67.000 sanitarios y parece que premian no es así, no nos dan ni más ni menos que lo que dice la ley«. De esta forma, asegura »no se garantiza la fijeza ni que salgan los procesos como tienen que salir«.

Las bases de baremación tienen que «dar garantías a quienes llevamos 10 años en un mismo puesto, si esa baremación no es garantista puede ponerse por encima alguien que no esté especializado en ese puesto», porque en el caso de las infecciosas «son patologías complejas que no se aprenden de un día para otro y eso lo terminará pagando la población»,

«La medalla que se cuelga Sánchez no es de él, es que Europa les obliga a bajar la temporalidad al 8% para acceder a los fondos Next Generation», explica, «no es un premio, no nos está dando nada que no se le dé a otra administración pública»

Los mismos políticos que no hacen por solucionar este problema «salían a aplaudirnos en la pandemia» y claro, «mucho aplauso pero pocos hechos«. Los médicos »hemos tenido que luchar contra la precariedad y contra la pandemia«.

Confía en esta nueva medida, que funcionará «si lo hacen bien», apunta, «con un buen número, una buena distribución de las plazas y procesos de consolidación y baremos garantistas para premiar a los profesionales en abuso de temporalidad».

Si fuese una empresa privada «no habría este problema, porque hay sanción» pero no hay organismo sancionador para administraciones públicas y «no regulan».

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