El Gobierno prohibirá que la banca y las energéticas reviertan en los ciudadanos las subidas de impuestos por la crisis | España


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El Gobierno registrará la semana que viene en el Congreso la proposición de ley para crear un impuesto a las grandes entidades financieras y a las empresas energéticas, que incluirá un artículo para “prohibir que las empresas puedan trasladar los costes de este impuesto a los trabajadores”, ha anunciado esta mañana Pedro Sánchez durante el Comité Federal del PSOE, en el que se ha renovado la cúpula del partido. El presidente del Gobierno ha avanzado que los nuevos impuestos pretenden recaudar 7.000 millones de euros en dos años y ha asegurado que este nuevo tributo y el veto a que las empresas lo repercutan en la factura de los consumidores son la prueba de que su Ejecutivo, y el PSOE, eligen defender “siempre a la gente de a pie” y protegerla. El socio de Sánchez en el Gobierno, Unidas Podemos, ha valorado “en positivo” el mensaje de Sánchez.

Los socios de Gobierno, según el anuncio de Sánchez, quieren que el Congreso empiece desde la semana que viene los trámites para sacar adelante el ya anunciado impuesto a las energéticas y otro “temporal y extraordinario” a los grandes bancos ante el golpe de la crisis por la guerra de Ucrania y la inflación. La novedad es la propuesta para que las empresas no puedan trasladar ese aumento de sus costes a los ciudadanos.

El anuncio de que lo llevará al Congreso la semana que viene lleva implícito un acelerón al diseño de los dos nuevos impuestos y al mecanismo para que no pueda ser trasladado el coste a los ciudadanos. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, elegida este domingo mismo vicesecretaria general del PSOE, afirmó la semana pasada que se iba a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que alguna empresa “se separe de la legalidad”.

El Gobierno justifica las medidas por la espiral inflacionista y ha asegurado que, en este contexto, las grandes compañías energéticas están obteniendo “beneficios caídos del cielo” porque producen electricidad a un coste mucho menor del precio que está cotizando el mercado.

Sánchez pormenorizó que igual que el Gobierno ha ingresado más de 15.500 millones de euros extras en tributos en lo que va de curso con esta inflación, las grandes compañías y los bancos deben aportar de sus beneficios extraordinarios. Y adelantó que el dinero que se recaude lo dedicará a aplicar “justicia social y solidaridad” precisamente con los que menos tienen porque, volvió a insistir, “la respuesta socialdemócrata es más equitativa y eficaz que la liberal”.

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El socio del PSOE en el Gobierno quería incluso ir más allá, hasta el extremo de crear un delito en el Código Penal para castigar con cárcel a los empresarios que trasladen los nuevos impuestos a la factura de los consumidores. La secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunció la semana pasada, durante los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, que quería imponer “mano dura” contra las empresas que “abusen y ataquen el interés general”.

Fuentes de Hacienda, donde se estudia cómo impedir que se repercuta el nuevo impuesto sobre el consumidor, han asegurado que el ministerio no está estudiando la creación de un nuevo delito fiscal para castigar las sociedades que repercutan los impuestos sobre los consumidores. Esta medida implicaría reformar el Código Penal y poder determinar hasta qué punto el encarecimiento de los bienes y servicios de las empresas se debe a subidas fiscales.

La propuesta de Unidas Podemos era crear un nuevo artículo, el 284bis, para castigar con penas que pueden llegar a los 10 años de cárcel a las empresas que suministren bienes de primera necesidad y “que, con motivo de modificaciones en el sistema tributario que afecten a su actividad económica, alteren los precios de venta al público con el fin de trasladar a los consumidores y usuarios el aumento de la carga tributaria derivada de dichas modificaciones”. Ya existe un artículo 284 que pena la manipulación o alteración de los precios.

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