Más de cinco años de “irregularidades” en el PP para que Esperanza Aguirre ganase elecciones | España



En el centro, Esperanza Aguirre hace la ola junto a Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón, en el inicio de la campaña del PP para las elecciones autonómicas y municipales de 2007, en mayo de ese año.Gorka Lejarcegi

La mancha se extiende sobre todas las legislaturas de Esperanza Aguirre (2003-2012). La expresidenta de la Comunidad de Madrid, que llegó al Gobierno regional gracias al tamayazo —la deserción de dos diputados del PSOE que obligó a repetir elecciones tras la victoria de la izquierda—, se perpetuó en el cargo tras concurrir con campañas dopadas a otros dos comicios. Este es el escenario que dibuja la Fiscalía Anticorrupción en un largo escrito de 860 páginas, al que tuvo acceso EL PAÍS, donde describe un auténtico manual de “irregularidades” del PP regional para financiarse ilegalmente: “gastos no declarados”, “fuentes opacas de recursos”, “empresarios afines”, “facturas alteradas”, “entregas de dinero en metálico”…

El fiscal autor del escrito —sus dos compañeras que investigaron desde el inicio el caso renunciaron firmarlo por discrepancias de fondo— rechazó pedir el procesamiento de Aguirre por lo que consideró falta de pruebas, después de que Anticorrupción la situara en la cúspide de la red de favores al ser imputada en 2019: “Del resultado de lo instruido no puede considerarse acreditada la participación de Aguirre en los hechos delictivos”. Tampoco lo solicita para su sucesor en el cargo y jefe de la campaña de 2007, Ignacio González, al considerar que los delitos que podrían atribuírsele están prescritos. Pero el extenso documento sí plantea enviar al banquillo a cinco personas de su máxima confianza y describe de forma detallada más de un lustro de corrupción en la autonomía con tres grandes ejes que presidió Aguirre: el Gobierno de la comunidad, el PP regional y Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid).

“Aportaciones de dinero”. Anticorrupción coloca bajo la lupa tres elecciones: las autonómicas de 2007 y 2011, que ganó Aguirre con mayoría absoluta, y las nacionales de 2008. Según concluye, en todas ellas, el PP de Madrid puso en marcha una dinámica para “captar recursos” de forma irregular. De esta forma, obtenía un dinero que después “no declaraba” a la Cámara de Cuentas, e incurría en unos gastos que “no pagaba a través de la cuenta de la campaña”: “De tal manera que la contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador no respondía a la realidad de lo sucedido”.

Pero, ¿de dónde salían esos fondos? La Fiscalía explica que, para “ejecutar su plan”, requería de toda una batería de “empresarios afines” que le ayudaban. Por un lado, el PP desviaba dinero para gastos electorales desde Fundescam, una fundación a la que los empresarios hacían “donaciones” y “aportaciones”. Los populares también conseguían “ingresos” a través de entregas en metálico que “distintos empresarios” daban a “miembros de los populares madrileños y que, luego, estos entregaban a Beltrán Gutiérrez, [gerente del partido], para su custodia y aplicación”. El ministerio público calcula que, solo en 2007, obtuvieron más de 740.000 euros a través de Fundescam, y más de un millón de euros “mediante dinero en efectivo”.

En esta línea, el informe detalla una entrega de 20.000 euros a Fundescam en 2007 por parte del hermano de Javier López Madrid, consejero de OHL —el directivo se encuentra procesado por pagar supuestamente una mordida a Ignacio González para la adjudicación de las obras del tren a Navalcarnero por 360 millones de euros, concedidas ese mismo 2007—. Pero, en este punto, además de considerar prescritos los hechos, el fiscal afirma que “no se ha podido determinar cuál fue la motivación del hermano, sin que se puedan atribuir las acciones de una persona a sus familiares por el mero hecho de serlo”.

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Este mecanismo ilícito se convirtió en la “principal fuente irregular de captación de recursos” en las elecciones de 2011, que dirigió el consejero Francisco Granados, también secretario general del PP de Madrid y, por tanto, número dos de Aguirre en la formación. Este recibía presuntamente las entregas de dinero y las apuntaba en una libreta negra. Después, según el escrito, se quedaba una parte y el resto se lo daba a Beltrán Gutiérrez. “La relación entre [ambos] era de plena confianza”, recalca el ministerio público, que sí ha pedido el procesamiento de estos dos exdirigentes del PP, al considerar que los delitos de 2011 no estarían prescritos, a diferencia de los de 2007 y 2008.

“Al servicio” del PP. “La administración de la Comunidad de Madrid fue puesta al servicio de los intereses de los políticos” del PP, sigue Anticorrupción, que explica cómo se “enmascaraban” presuntamente después estos gastos electorales ilegales. Por ejemplo, las compañías que prestaban sus servicios en las campañas cobraban a través de otros “empresarios afines”, a los que facturaban: “Principalmente, a constructoras que habían sido adjudicatarias de contratos administrativos”. Para ello, el Gobierno de Aguirre ideó “la cláusula del 1% para publicidad”.

Este sistema, introducido a través de los pliegos de contratación con una “evidente voluntad de incurrir en desviación de poder”, permitía a “los políticos del PP de Madrid” designar sin concurso público qué empresas de publicidad se encargarían de esas labores en dichas adjudicaciones. De esta forma, las compañías ganadoras “únicamente” tenían que pagar las facturas que les “giraban”. El Ejecutivo usó así esta vía “para abonar parte del sobrecoste de los gastos de la campaña electoral a efectos de no ser declarados a la Cámara de Cuentas”, resalta la Fiscalía.

“En beneficio de los políticos”. El informe de Anticorrupción coloca en la diana otros trabajos que se encargaron a las empresas de Alejandro De Pedro para mejorar la reputación online de dirigentes del PP de Madrid: entre ellos, de Aguirre y de González. El ministerio público considera acreditado que se destinaron “recursos públicos” para costear estas labores para “el beneficio personal y directo de los políticos”, que se ejecutaban “sin contratación formal” y con “pagos en metálico”.

Según la Fiscalía, al menos tres altos cargos muy próximos a la presidenta estaban al corriente de este sistema. Borja Sarasola, jefe de su gabinete y posterior consejero de González, tejió la relación con De Pedro. Isabel Gallego, jefa de prensa, controlaba: “Sabía que no existía contratación formal y que el método de pago se encubría a través de contratación ficticia y reclamando a empresas adjudicatarias de la Comunidad que colaborasen abonando gastos”. También Salvador Victoria, exconsejero de Aguirre, “fue conocedor, beneficiario, impulsor y solucionador” de esta dinámica. Anticorrupción sí pide el procesamiento de estos tres subordinados de la expresidenta regional.

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